Un punto de partida igualitario

Hasta hace algunas semanas teníamos una importante deuda para garantizar el acceso a la justicia para aquellas familias que perdieron un ser querido, sufrieron un hecho delictivo, quedaron dañados, heridos, golpeados, ultrajados y maltratados. Con mucho trabajo, desde la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, junto a organizaciones y referentes, recuperamos sus valiosos aportes y logramos trazar un horizonte común estableciendo una línea de demarcación para el acceso justo y equitativo a la justicia, forjando así una norma fundamental, equitativa, sin privilegios ni desigualdades entre las y los damnificados: la Ley de Víctimas.

Con el acompañamiento de ambas cámaras, obtuvimos la sanción definitiva de esta iniciativa que incluyó todos los avances derivados del nutrido debate con más de treinta asociaciones de familiares entre las que estuvieron el Consejo Provincial de Víctimas, Madres del Dolor y Víctimas por la Paz. Además participaron especialistas, funcionarios judiciales y del ejecutivo, la Defensoría del Pueblo bonaerense y legisladores de ambos bloques políticos. Así cumplimos con nuestro deber de escuchar para legislar, de consensuar para construir, de idear más y mejores herramientas para el buen vivir de nuestra comunidad trazando una base igualitaria para un real y más sencillo acceso a la justicia. Celebramos haberlo logrado con un tema tan sensible como urgente que, además, cuenta con perspectiva de Arraigo y de género.

Entre las cuestiones a subrayar, esta ley busca garantizar el acompañamiento a las familias en el ejercicio de sus derechos a partir del fortalecimiento del patrocinio jurídico gratuito. Este es un elemento central para allanar el camino hacia la equidad económica y social tan deseada por aquellos que por falta de recursos y asesoramientos no pueden acceder. Esto se consagra con otra novedad: la conformación de un registro de abogados defensores con capacitación en el tema.

Otra cuestión determinante que mejora sustancialmente el rol de la víctima es que desde ahora se promoverá el efectivo acceso a la información sobre las decisiones judiciales, entendiendo la relevancia que reviste el conocimiento del curso del caso.

Uno de los ejes centrales de esta normativa apunta a evitar la revictimización y aligerar los procesos, limitando la excesiva burocratización, complejidad y extensión de los mismos. Sabemos que muchas familias deben enfrentar importantes escollos para acceder a la justicia y aún más para continuar con la demanda judicial. Esta dificultad no sólo posterga el pleno ejercicio de los derechos sino que retrasa el duelo o el proceso de redención, al tiempo que las expone a la revictimización tan dolorosa como innecesaria. Esto resulta una constante y no podemos mirar para otro lado ante la evidencia de que el estatus social y económico resultan factores determinantes tanto a la hora de realizar una denuncia como durante el proceso penal. Es por ello que la promulgación de esta norma marca un antes y un después, brindando desde el Estado un piso de derechos e igualdad para el acceso a la justicia, con apego a los procedimientos durante el transcurso del caso. Pretendemos dar comienzo a una etapa de profunda inclusión judicial.

Otro aporte central radica en la creación del Consejo Provincial de Víctimas, en el que los propios familiares y/o víctimas atenderán, orientarán y contendrán a nuevas víctimas o familiares ante la ocurrencia de delitos, incorporando su propia perspectiva que, ahora más que nunca, estará acompañada y respaldada por un Estado presente. Este punto resulta fundamental porque institucionaliza un ámbito que ya existe y que ha demostrado ser trascendental para asegurar el ejercicio de los derechos. Su consagración por Ley busca que cada bonaerense víctima de un delito penal, sin importar su condición social, económica y geográfica, tenga un buen tránsito por la justicia, siendo su voz la protagonista, y para ello se comprometen los recursos necesarios desde el Estado provincial.

A su vez, esta tarea se complementa con la organización del Observatorio Provincial de Víctimas del delito a cargo del Cuerpo Legislativo, que realizará un monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones referidas al tema y estará integrado por asociaciones, familiares y representantes profesionales que trabajaran ad honorem.

Estos avances, como tantos otros fundados en la construcción de acuerdos, ubican a nuestra provincia como la segunda jurisdicción del país que busca adaptar y adecuar su legislación para mejorar la calidad de la justicia, generando el espacio y el rol que les corresponde a las víctimas. Atendiendo las desigualdades preexistentes, equiparando las asimetrías entre los damnificados, brindándoles la posibilidad, a cada una de ellos, de iniciar una instancia judicial con el acompañamiento y los recursos necesarios. En este sendero, resulta evidente que necesitamos trabajar en una reforma profunda del Código Procesal Penal y en una ampliación de la justicia para su irrestricta accesibilidad. Con la convicción de haber transitado el camino correcto, nos alegra poder estar a la altura de las circunstancias que exigen de legisladores y legisladoras las iniciativas necesarias que garanticen ampliación y acceso a derechos.

Ahora bien, estos avances imponen el desafío de seguir promoviendo más y mejores estrategias que hagan efectivo el acceso a la justicia y el amparo en cada uno de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. La tarea no estará completa mientras haya bonaerenses que saquen ventaja por sobre otras víctimas por el motivo que sea y ciudadanos y ciudadanas que deban trasladarse cientos de kilómetros para tener una respuesta del Estado. Desde nuestro bloque del Frente de Todos vamos a trabajar en modernizar los procedimientos para que las vías remotas sean también aprovechadas como garantía de acceso irrestricto a la justicia, promoviendo así el arraigo. En la etapa que viene, esta agenda se vuelve ineludible para organizar territorios sostenibles y saludables, con condiciones de vida dignas y justas. Para ello se requiere que los gobiernos locales, por ser el primer mostrador para los vecinos y las vecinas, por conocer de primera mano sus necesidades y demandas, tengan un rol protagónico en la garantía del cumplimiento de las leyes y el acceso justo y equitativo a la justicia. Justamente es la justicia uno de los puntos más alejados del alcance de la mano de los pueblos en los distintos territorios, más aún en los más alejados y de menor población. Un verdadero federalismo no debe diferenciar según ubicación geográfica o cantidad de población.

Si bien es cierto que la ley sancionada se logró como fruto del consenso, durante su tratamiento en el Senado Bonaerense –Cámara de origen– quedó pendiente la incorporación de la aplicación de los protocolos vigentes para la investigación de las muertes por violencia de género, cuyo artículo no quiso ser incorporado por el bloque macrista. Lo mismo respecto al reconocimiento legal del Consejo Provincial de Víctimas que también fue votado en contra por Juntos por el Cambio, haciendo uso de su mayoría. La intervención veloz y eficaz de nuestro bloque en Diputados puso las cosas en su lugar, y la presión de las Organizaciones de Víctimas ante la posibilidad que el Senado dilatara su sanción definitiva, permitieron la consolidación de la iniciativa con las incorporaciones referidas.

Con gratitud cerramos un año muy difícil y comenzamos uno nuevo con la certeza de haber abierto las puertas de la Legislatura para darle lugar a la participación ciudadana y reparar entre todos y todas una deuda pendiente construyendo un camino más amplio, donde todas las voces sean escuchadas, donde todas las víctimas sean atendidas. Sabemos que la justicia bonaerense tiene grandes deficiencias en cuanto a las demoras en los procesos y a la cantidad de presos sin condena y es por eso que desde nuestro rol como legisladores debemos modernizar y reformar este ámbito, desde lo institucional y garantizando tanto el acceso como la celeridad de su ejecución. Hemos visto cómo se ha motorizado un cambio imprescindible para que la justicia esté más cerca de nuestra comunidad, sin importar las condiciones personales sino entendiendo su lugar de víctima para abrazarlo y acompañarlo.

Publicado en www.elcohetealaluna.com

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