San Andrés de Giles: Perros, una ordenanza por cumplir

Luego de la aparición pública en FM Vall de San Andrés de Giles de la Dra. María Carolina Jonte, quien denunció al municipio de aquella ciudad por el estado de los perros alojados en la Protectora, el oficialismo armó su defensa. Esta mañana el Secretario de Gobierno, Miguel Gesualdi, y el Jefe de Bromatología Dr. Esteban Ojeda, recorrieron algunos medios radiales para dar su versión.

Las voces oficiales negaron el maltrato en el lugar y hablaron de una mejora desde que el municipio está a cargo de la Protectora -diciembre del año pasado-. También dijeron que el perro que desapareció, según el reclamo de los vecinos, se escapó y pusieron en duda los videos y fotos presentados.  Sobre este material que circula en las redes sociales aclararon que las imágenes serían de otro momento y que en el video se le colocó azúcar al perro de la carretilla para que lo lamieran los demás -imposible de comprobar mirando la filmación-.

Más allá de las declaraciones de las partes involucradas, en nuestra ciudad existe una ordenanza que trata la problemática de los perros vagabundos. Este “reglamento” es el 1776/14 generado por el Honorable Concejo Deliberante en el 2014. La legislación vigente fue tratada por varios ediles que hoy integran el cuerpo.

La ordenanza es clara y en su artículo 1° destaca que se prohíbe la “permanencia y circulación de caninos en la vía pública que no cuenten con collar y correa sin el acompañamiento de quien sea su dueño y/o responsable”. En el articulado siguiente se aclara que “aquellos perros que no se encuentren en la situación prevista en el artículo anterior, serán removidos de la vía pública por personal de la Dirección de Bromatología”.

También la legislación tiene apartados para los perros mordedores, el sistema de castraciones, las acciones para prevenir enfermedades zoonóticas y el rol de la Protectora de Animales como ONG ante estos casos, entre otros aspectos.

Sin embargo, el “reglamento” se cumplió a medias. En primer término las campañas para “remover” a los perros de la vía pública fueron casi nulas desde el 2014 a la fecha. En su momento la “superpoblación” de la Protectora fue una excusa para evitar esa tarea. La legislación deja en claro que la responsabilidad de los perros -sin dueños- y lo que causan (mordeduras, accidentes, etc.) en la vía pública es únicamente del municipio. A pesar de eso poco se hizo en esa materia, aunque sí se trabajó con intensidad en las castraciones semanales.

Hoy este “reglamento” deberá ser modificado obligatoriamente debido a la decisión del municipio de hacerse cargo de la Protectora. Es decir, el rol que cumplía la ONG para la legislación ahora está en un control total del Ejecutivo -quien desde hace años ya tenía a personas rentadas a cargo del mantenimiento del lugar-.

Más allá de las normas existentes la situación evidentemente necesita un replanteo. Desde el lugar físico -hoy la Protectora funciona en un sector del Corralón luego de realizar un comodato con el municipio- hasta el modus operandis. La realidad nos muestra que el lugar, a pesar de las mejoras, está lejos de ser el sitio “ideal” y que la gestión de Carlos Puglelli, sin dudas, deberá redoblar los esfuerzos para solucionar una problemática profunda que hasta el momento no pudieron controlar.