Repudio de la CTA Areco frente al accionar policial en la escuela 8

San Antonio de Areco, 25 de octubre de 2022

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma San Antonio de Areco, manifestamos nuestro repudio frente al violento accionar llevado a cabo en el día de la fecha por la policía comunal, ya que agentes de la misma ingresaron armados al establecimiento de la Escuela Primaria N° 8 de nuestra localidad que se encuentra actualmente bajo la dirección de la señora Cecilia Garatavidea. Cabe aclarar que por tratarse de policía comunal, nada en su accionar se produce fuera de la órbita de responsabilidad del Secretario de Seguridad Ramón Ojeda ni del Intendente Municipal Francisco Ratto de quien éste depende.
Como es de público conocimiento horas atrás la escuela fue vandalizada, estimándose que los autores materiales de los destrozos eran menores de edad. En el día de hoy, mientras esos niños se encontraban en el lugar junto a sus familias realizando tareas de limpieza, la policía armada irrumpió en la escuela de modo intimidatorio, llegando a amenazar a los menores con detenerlos “en el calabozo”. Allí se encontraban presentes en ese momento personal de la institución, su Directora y un grupo de concejeros escolares de las dos fuerzas políticas mayoritarias en la ciudad.
En el año 1990 nuestro país mediante la Ley 23.849 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2005 además, es promulgada la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que impone entre otras cosas la obligatoriedad de respetar todo lo expuesto en la mencionada Convención.
En el Artículo 9 de la Ley se menciona el Derecho a la dignidad y la integridad personal, que implica que niños y niñas tienen derecho “a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio…”, lo que consideramos fue claramente vulnerado mediante el accionar de la fuerza de seguridad en el día de hoy. Por esta razón nos permitimos recordar a quienes están cargo de este tipo de procedimientos y a quienes los avalan con su acción u omisión, que la misma ley en su artículo 27 establece las Garantías mínimas de procedimiento, entre las que se encuentran los derechos

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte;

c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;
d) A participar activamente en todo el procedimiento;

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.”
Por todo lo expuesto, reiteramos nuestro repudio a lo sucedido, convencidos y convencidas de que con la comprensión histórica de las tantas veces en las que en nuestro país se han visto vulnerados los derechos de las y los ciudadanos, no se pueden permitir la pasividad ni la naturalización de hechos como éste, que no hacen más que sentar precedente para seguir corriendo los límites hacia un estado no democrático. Necesitamos reconstruir una sociedad en la que nosotros, nosotras y nuestros niños y niñas podamos vivir y desarrollarnos en paz y libertad, con el debido respeto a cada uno de nuestros derechos y la seguridad de que los mismos no serán vulnerados, mucho menos si esta vulneración viene de la mano de la institución policial que forma parte del Estado de Derecho y de las autoridades civiles del mismo.

Patricia Medina – secretaria general

Andrea Vigil – secretaria de Derechos Humanos