Luján: Normativa contra los canales clandestinos

Luego de detectar más de 1600 canales clandestinos, en la Provincia promulgaron la ley sancionada en la Legislatura. La nueva legislación permitirá denunciar y sancionar a quienes realicen canales artificiales que modifiquen el regular y natural escurrimiento de las aguas. Sólo en la cuenca alta del río Luján había sido denunciada la existencia de unos 90 canales.

Impulsada por el presidente del Bloque Peronista, el senador Patricio García, fue debatida en las cámaras de Senadores y Diputados de la provincia de Buenos Aires la ley que modifica el artículo 166 del Código de Aguas. La modificación complementa las facultades que poseen los municipios y la autoridad del Agua.

 “La iniciativa – explicó García- le da una herramienta jurídica a los vecinos y a los intendentes para que puedan denunciar y ayudar a prevenir la realización de obras clandestinas, morigerar su impacto o atender a sus consecuencias” a los efectos de permitir, prevenir o atender de manera urgente las consecuencias de la realización de obras no autorizadas.

“Durante muchos años se impulsaron en la legislatura bonaerense proyectos de ley sobre canales clandestinos, que no lograron ser sancionados; a fines del año pasado, luego de mucho trabajo y búsqueda de consensos se consiguió aprobar esta iniciativa para que una orden judicial habilite al intendente de la localidad a tapar el canal clandestino”, destacó el legislador provincial.

En el marco de las graves inundaciones que afectan a varios distritos del norte y oeste de la provincia, el senador García resaltó la promulgación de una ley que posibilita denunciar canales clandestinos y pidió que “la culminación de las obras hídricas sea una política de Estado”.

El Poder Ejecutivo bonaerense promulgó este año una ley, aprobada en la legislatura provincial, que busca atender de manera urgente las consecuencias de la realización de obras no autorizadas –conocidos como canales clandestinos- que modifiquen en forma artificial el regular y natural escurrimiento de las aguas.

García explicó que a partir de ahora “será posible realizar acciones para que el damnificado por las obras clandestinas pueda presentar el planteo correspondiente en el edificio de justicia más cercano, en este caso el Juzgado de Paz, y que éste se expida rápidamente y accione mediante una orden en el tapado inmediato del canal”.

“La modificación en forma artificial del natural escurrimiento de las aguas, sin la autorización correspondiente, es cada vez más común y es una de las causas de los desastres que vemos hoy que perjudican a todos los vecinos de la región”, enfatizó.

EFECTO REBOTE

La nueva normativa tiene sus efectos también en esta región donde una de las causas que llevaron a las últimas inundaciones fue atribuida a la existencia de canales sojeros. En tal sentido, en abril de 2014,  Sergio Frascaroli, miembro de Vecinos Inundados y Solidarios de Luján, denunció que habían identificado más de 90 canales en zonas antes inundables. Un año después, hasta se llegó hablar de más de 120.

“Por la cosecha de soja, han hecho canales clandestinos sobre el río Luján para riego. Lo que está pasando este último tiempo es un sinfín de irregularidades que hacen que el río ante la mínima lluvia crezca: un factor es que río arriba muchos campos que no eran productivos porque eran inundables, por la soja hayan hecho canales clandestinos y desagües. Tenemos identificados más de 90 canales”, dijo en ese momento por Radio Continental.

VOCES EN EL DESIERTO

Por su parte, la senadora bonaerense Cecilia Comerio, planteó la necesidad de obras para mitigar las inundaciones, mayor control para evitar los canales clandestinos en los campos, un sistema de alerta temprana y el restablecimiento de la unidad de Defensa Civil.

Rubén Santucho, presidente de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino, apuntó contra el modelo de “sojización” como principal responsable de las inundaciones, al afectar “la normal absorción de los suelos”.

“Hasta ahora, los que planteamos esto somos voces en el desierto. Esperemos que en algún momento se tome conciencia de que estamos sufriendo las consecuencias de semejante daño a la naturaleza”, subrayó Santucho en declaraciones al diario digital Contexto.

En sintonía con el planteo del titular de la Asociación por la Memoria de Pergamino, cabe destacar la reciente declaración de las cátedras libres de Soberanía Alimentaria y Agroecología de las universidades de Buenos Aires (UBA), Luján (UNLu) y Córdoba (UNC), junto a la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), para advertir sobre las consecuencias del modelo productivo extractivista.

“Arroyos y ríos desbordados, rutas cortadas o con circulación limitada, cientos de viviendas inundadas, campos bajo agua donde apenas asoman los postes del alambrado y la población refugiándose en lugares precarios, son imágenes cada vez más frecuentes. Esto no es casualidad. Hay certeza ya de que es el modelo agrobiotecnológico el responsable de esta situación cada vez más recurrente, caracterizada por desbordes inusuales, como las recientes lluvias que arrojaron un panorama desolador al registrarse sólo en la provincia de Santa Fe más de un millón de hectáreas bajo el agua”, remarcan.

En el documento se mencionan estudios realizados por universidades públicas y especialistas de distintas disciplinas que ratifican que los cultivos de raíces pequeñas, como la soja transgénica, no permiten la infiltración profunda o la evaporación; que la eliminación de la actividad pecuaria provoca la subida de las capas freáticas; y que la desaparición de la fauna y flora por la aplicación de más de 300 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña compacta los suelos y los convierte en un “vidrio” en el que rebota el agua.

También señalan a los responsables de las catástrofes, que “son productores inescrupulosos, inversores y financistas, profesionales y funcionarios que pertenecen a una economía concentrada, monopólica y transnacional, que lucran desde hace décadas con el sufrimiento y la expoliación de los pueblos”.

“Urge la toma de responsabilidad por parte del Estado de gestionar otro modelo de producción, donde se respeten los equilibrios ecosistémicos y deje de lado las declaraciones de ‘emergencia agropecuaria’, que todos subsidiamos y cuyo destino final beneficia a unos pocos”, concluyen los expertos.

Fuente: El Civismo de Luján