La Suprema Corte le parte la Procuración a Conte Grand y falla a favor de la independencia de los defensores oficiales

El día de la jura del juez Sergio Torres como nuevo ministro del máximo tribunal provincial, los cortesanos volvieron a emitir un fallo que evidencia la tensión con el gobierno provincial.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la Ley Nº 14.442 que establecía la independencia de los defensores oficiales con respecto al Ministerio Público Fiscal. De esta forma, el Consejo de la Magistratura deberá nombrar a un Defensor General y el Procurador Julio Conte Grand sólo tendrá a su cargo la jefatura de los fiscales bonaerenses.

La separación del cuerpo de Fiscales del de Defensores Oficiales tuvo el impulso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que comanda Horacio Verbistky. Y fue recogida por Daniel Scioli en pleno auge del mariottismo, allá por 2012. Esa idea se tradujo en un proyecto de ley que fue aprobado por la Legislatura pero nunca se implementó.

En febrero de 2013, apenas se publicó en el Boletín Oficial, la norma fue impugnada por la entonces procuradora, María del Carmen Falbo, que planteaba su inconstitucionalidad. Siete años más tarde, y por unanimidad, la Suprema Corte Bonaerense decidió rechazar la demanda de Falbo e instruyó adoptar medidas para “la implementación de la nueva estructura organizativa y funcional prevista por la ley”.

Para ello dio aviso al Consejo de la Magistratura a que llame a “concurso público para la cobertura de los cargos de Defensor General de la Provincia en un plazo razonable”. Hasta tanto, Conte Grand continuará detentando el manejo de Defensores y Fiscales.

Los cortesanos bonaerenses eligieron el día de la jura de Sergio Torres como nuevo miembro de la Suprema Corte para dar a conocer un fallo que impactará en el grado de influencia de Conte Grand. Semanas atrás la Suprema Corte falló a favor de un jubilado del Banco Provincia que pedía que el cálculo de sus haberes se efectúe de acuerdo a la normativa previa a la reforma de la caja de jubilaciones del Bapro que impulsó María Eugenia Vidal.

A estos fallos debe sumársele la Resolución con la que, también semanas atrás, los ministros de la Suprema Corte advirtieron al gobierno bonaerense que el ajuste presupuestario y la “interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos de los últimos años dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Administración de Justicia”.

FUENTE : infocielo.com

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