En San Pedro también se reactiva causa por plan de Vivienda Nacional

Así como la justicia federal activó la causa sobre presuntas irregularidades cometidas en el programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos, en la provincia de Buenos Aries han cobrado bríos causas, por las mismas presunciones, como la del Barrio San Francisco de Asís, en el distrito del San Pedro.

La Fiscalía General de San Nicolás hizo lugar al recurso interpuesto por el Dr. Valentín Mastrángelo, y ordenó que la Dra. Viviana Ramos, titular de la UFI 11, convoque a declaración indagatoria al ex Intendente Mario Barbieri, al ex Director de Viviendas, Flavio Peiró, y María Alejandra Giribaldi, de la empresa Giribaldi Hnos.

En la causa se investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales en el barrio San Francisco de Asís, en el partido bonaerense de San Pedro.

La indagatoria deberá cumplirse dentro de los 40 días hábiles posteriores a que la Dra. Ramos se reintegre a sus funciones, ya que actualmente cumple con una licencia.

Entre otras circunstancias, la investigación intenta determinar el motivo de los faltantes y deficiencias en las viviendas construidas, y el motivo por el que existen diferencias entre el monto depositado por el Ministerio de Planificación y el efectivamente pagado a la empresa por las obras realizadas.

La causa se inicio a raíz de una denuncia del bloque de concejales del PJ y así la Justicia comenzó a investigar la construcción de viviendas en el municipio de San Pedro, cuyo intendente era Mario Barbieri.

La causa tomó volumen cuando el ex intendente Mario Barbieri fue candidato a diputado nacional por el Acuerdo Cívico y Social en las elecciones de 2009. Previamente, en 2005, el dirigente había formado parte de la Concertación Plural que capitaneaba Julio Cobos, y en esas circunstancias fue que el gobierno nacional, a través del plan Federal de Vivienda, otorgó unos 15 millones de pesos para la construcción de 308 casas.

En sus fundamentos, el Fiscal considera que “sin perjuicio de que corran o no los términos de prescripción de la acción penal (…) es del caso dada la gravedad de los supuestos eventos, el número de familias damnificadas, el daño causado, la trascendencia de los mismos, el interés público en juego y lo que podría surgir de la investigación en hechos que, de acreditarse, repugnan y reclaman el peso de la Justicia”.

En su resolución, el Dr. Héctor Tanús, titular de la Fiscalía General, sostiene que “el obrar de la instrucción debe ser profundamente eficaz, no lenta e imponer al trámite, respetando derechos y garantías, un impulso procesal de mayor agilidad (el hecho lo requiere) con medidas y resoluciones en un ritmo parejo que lleven al objeto de la investigación para llegar así al epicentro del proceso que es el debate oral”.

Vale recordar que los hechos son denunciados en 2008 por el Dr. Gabriel Ganon, entonces defensor oficial. En primera instancia tomó intervención la Justicia Federal, hasta que, al declararse la incompetencia de dicho fuero, se recibe en el Ministerio Público Fiscal. El 28 de septiembre de 2011 se remitió a la UFI 5 para su investigación.

Tanús expresa que “tras largo tiempo, demasiado diría dada la gravedad del hecho, el Fiscal Marcelo Manso no avanzó y ni siquiera recibió declaración indagatoria a quienes la Justicia Federal ya había citado, ello a pesar de tener la IPP desde septiembre de 2011 hasta diciembre de 2014, fecha en que se hace cargo la Dra. Viviana Ramos” quien había asumido pocos días antes.

Las declaraciones indagatorias estaban ordenadas en la causa por resoluciones de la Justicia Federal firmadas entre el 17 de agosto de 2010 y el 16 de marzo de 2011.

Por lo tanto la fiscalía recomienda que “cumplir con tal diligencia ya que como se ve es notoria y tremenda la elongación en el tiempo, por causas ajenas a ella –años en poder de Marcelo Manso y planteos varios de abogados- sin cumplirse con tal medida elemental que en definitiva es un medio de defensa”.

Fuente: Infocielo

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